La pandemia de la COVID-19 trajo, además de las terribles pérdidas humanas y el deterioro de la salud de los mexicanos, una evidente crisis de corrupción en las entrañas del Gobierno Federal

La ASF da cuenta de inconsistencias graves en la integración de los expedientes comprobatorios de la compra de vacunas en Aguascalientes, Distrito Federal Sur, Estado de México Poniente, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí y Sinaloa

Juan Pablo Diosdado, diputado local miembro de la LXV Legislatura del Congreso del Estado, exhorta con carácter de urgente a la Secretaría de Salud y del Bienestar, así como a la Coordinación de la brigada especial “Correcaminos” de Aguascalientes para que expliquen y transparenten porque incumplieron con la obligación de registrar y documentar de forma oportuna la información relacionada con la recepción, transporte, almacenamiento, acondicionamiento y destino de las dosis de vacunas anticovid, debido a que la Auditoría Superior de la Federación reportó que no fue posible determinar la cantidad de dosis recibidas, conforme a lo informado por Birmex sobre el registro del ingreso de lotes de dosis de vacunas a su cargo.

Con el respaldo del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, en el marco de la Cuarta Sesión Ordinaria en el Pleno el legislador subió a la tribuna más alta de Aguascalientes para informar que: la pandemia de la COVID-19 trajo, además de las terribles pérdidas humanas y el deterioro de la salud de los mexicanos, una evidente crisis de corrupción en las entrañas del Gobierno Federal.

Los propios organismos de Fiscalización Superior de la Federación, detectaron malos manejos en el uso de los recursos públicos del sector salud. Si consultamos el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2020 emitido por la Auditoría Superior de la Federación, detectamos, en primera instancia, inconsistencias graves en la integración de los expedientes comprobatorios de la compra de vacunas en Aguascalientes, Distrito Federal Sur, Estado de México Poniente, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí y Sinaloa por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Específicamente al revisar los recursos ejercidos relacionados con la adquisición de vacunas contra el virus SARS-Co-V-2 (COVID-19), están con cargo a la partida presupuestal 25301 “Medicinas y productos farmacéuticos.

“Se revisaron las adquisiciones de medicamentos para la atención de la emergencia sanitaria realizadas a nivel central y a los OOAD (Órganos de operación administrativa desconcentrada) de Aguascalientes, Distrito Federal Sur, Estado de México Poniente, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí y Sinaloa, que comprendieron 15 contratos o pedidos por $ 464.5 millones de pesos; cantidad que equivale a aproximadamente un 22% de lo que el IMSS reportó como pagado en medicamentos contra la COVID-19”.

Agregó que, de los 15 contratos o pedidos seleccionados para la adjudicación de 11 claves de medicamentos, el IMSS no proporcionó la totalidad de la documentación que debe integrarse en los expedientes, referente a la contratación y el pago. Asimismo, el instituto no proporcionó la documentación de recetas individuales y colectivas en las farmacias de las OOAD, por lo que no se pudo verificar la distribución de los medicamentos.

Juan Pablo puntualizó que la Brigada Correcaminos conformada por 23 mil jóvenes seguidores afines al Movimiento de Regeneración Nacional apoyaron en la elección de 2018, de los cuales unos 19 mil 800 voluntarios se convirtieron en funcionarios de la Secretaría de Bienestar, es decir, la dependencia encargada de coordinar el programa de vacunación y del combate a la pobreza maneja los millonarios presupuestos de la amplia cartera de programas sociales de la Administración.

“Este grupo no solamente se ha dedicado a hacer política clientelar con el uso y aplicación de la vacuna en una de las tragedias más grandes sanitarias de las últimas décadas en la actual pandemia generada por el virus Covid-19 en cada una de las Entidades Federativas, sino también a realizar desvíos de recursos públicos”.

Según el Informe en comento, se determinaron deficiencias en el control y supervisión de la aplicación de los recursos ejercidos en el ejercicio del año 2020 por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia para la adquisición, recepción, almacenamiento, y distribución de vacunas contra el virus SARSCOV2 (COVID-19), toda vez que de un tipo de vacuna no se contó con la totalidad de la información de la recepción en territorio nacional, no obstante que de conformidad con la información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), el CENSIA participó en dichas actividades.

En resumen, no hay certeza del paradero de más de $464.5 millones de pesos que debían ser utilizados para garantizar la salud de las y los mexicanos. La cita anterior, corresponde solamente al Informe Ejecutivo de la Auditoría Superior de la Federación, sin consultar los diferentes Informes Individuales de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del año 2020.

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