Se modificará el procedimiento de designación del titular del Órgano Interno de Control de la Comisión, de conformidad con lo establecido por la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Poder Legislativo
Con ello se busca garantizar así que, dichas unidades administrativas cuenten con plena competencia para valorar y fortalecer un buen ejercicio de la función pública
Resulta fundamental que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, órgano Constitucional autónomo el cual tiene por objeto proteger las garantías fundamentales de todas las personas en el territorio hidrocálido, cuente con un marco legal claro, constantemente actualizado y bien armonizado de conformidad con los lineamientos legales vigentes, consideró el diputado local Juan Pablo Diosdado.
Al subir a tribuna Juan Pablo en el desarrollo de la novena sesión ordinaria en el pleno del Congreso del Estado de Aguascalientes, previo a la aprobación del dictamen, expuso que la presente iniciativa no solamente homologará distintos términos establecidos en las Leyes de Responsabilidades Administrativas Local y Federal, dándole congruencia normativa a las disposiciones vigentes.
“También se modificará el procedimiento de designación del titular del Órgano Interno de Control de la Comisión, de conformidad con lo establecido por la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Generando certidumbre jurídica, autonomía formal y material tanto a la Comisión de Derechos Humanos en general, como a su Órgano Interno de Control en lo particular”.
Agregó que: “Con ello se busca garantizar así que, dichas unidades administrativas cuenten con plena competencia para valorar y fortalecer un buen ejercicio de la función pública, solamente de esta manera se velará y promoverá el respeto a los derechos humanos de toda la gente por parte de las autoridades”.
Para concluir Juan Pablo desde la máxima tribuna de Aguascalientes, se dirigió a sus compañeras y compañeros de la LXV legislatura, para reafirmar que su principal obligación primero: perfeccionar las normas que estén al alcance de su competencia Constitucional con la finalidad de fomentar su estricto cumplimiento.
Segundo: como representantes populares, consta velar por los intereses de todas y todos para que cuenten con las herramientas necesarias y hagan valer sus derechos sin restricción alguna.