Integrantes de la Comisión de Lucha Contra la Trata de Personas sostuvieron un encuentro con Yessica Janeth Pérez Carreón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes.
Como parte de su agenda de trabajo, integrantes de la Comisión de Lucha Contra la Trata de Personas de la LXV Legislatura del Congreso de Aguascalientes, se reunieron con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, Yessica Janeth Pérez Carreón, con el objetivo de mantener un trabajo coordinado y fortalecer el marco jurídico para la protección de los derechos de la ciudadanía.
El diputado presidente de la comisión de Trata, Fernando Marmolejo, al igual que las integrantes Nancy Macías, Juanis Martínez y Laura Ponce, durante su encuentro con la Ombudsperson, coincidieron que es necesario promover la cultura del respeto de los Derechos Humanos desde temprana edad, a través de las instituciones educativas.
En este sentido, Pérez Carreón indicó que en coordinación con autoridades del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), se tienen detectadas un promedio de 100 escuelas primarias y secundarias con algún tipo de problemática social, y la mayor incidencia es por violencia intrafamiliar; informó que han impartido diversos tipos de cursos dependiendo de la circunstancias, reforzándose el tema con personal docente, para que incluyan en sus programas de estudio temas en Derechos Humanos.
Asimismo, informó que derivado de la pandemia, “logramos detectar una problemática de violencia digital, en la que sí hay un riesgo importante en las redes sociales y como autoridades debemos de visualizar y atenderlo, pues muchos de los temas tienen que ver precisamente con la trata de personas, ya que a través de las redes es como enganchan a los adolescentes y adultos, con ofrecimientos de trabajos o de relaciones virtuales. Existe la esclavitud moderna y es la Trata de Personas”.
Finalmente, las y los congresistas en conjunto con la Ombudsperson, acordaron mantener la colaboración constante para emprender mecanismos que coadyuven al respeto de la dignidad humana y de los derechos de todas y todos los ciudadanos.